13 Septiembre 2017 Escrito por:  Karla Montaño Berrelleza FM105  

Empresa de funcionario, beneficiada con Fortaseg, confirma el ISAF  

Casi 700 mil pesos cobró una empresa, propiedad de un funcionario municipal, ilegalidad que fue observada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el análisis de la Cuenta Pública 2016.

“Se realizaron operaciones con una empresa propiedad de Carlos Alberto de la Cruz Paquini, administrador de Seguridad Pública, por 646 mil 500 pesos”, entre el uno de enero y el 31 de diciembre del año pasado, señala el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en el rubro de observaciones no solventadas.

El documento en poder del Congreso de Sonora exhibe las facturas 482 A y 486 A, de Zuper Papelería Miramontes, por un monto de 323 mil 250 pesos cada una.

El cobro de la empresa contraviene, a decir del ISAF, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que señala que los funcionarios “tendrán la obligación de abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución, en asuntos en los que tenga interés personal o familiar o de negocios, incluyendo aquellos que pueda resultar un beneficio para él, cónyuge o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado”.

El ISAF señaló que el todavía director Administrativo de Seguridad Pública y funcionarios involucrados en el pago, contravinieron la Constitución Política, la Ley de Fiscalización para el Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Ante la ilegalidad, el instituto recomendó “justificar el motivo de lo observado y acreditar que los recursos fueron aplicados sin beneficiar a funcionarios públicos o familiares o, en su caso, el reintegro del monto observado”.

Asimismo, sugiere establecer controles con el fin de evitar la recurrencia de esta situación, informando al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados.

Después de un año del cobro de la empresa del funcionario y confirmada la ilegalidad por el ISAF, la Contraloría no ha procedido en consecuencia, por lo que de la Cruz Paquini continúa al frente de la Dirección de Administración de Seguridad Pública.

 

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