14 Octubre 2016 Escrito por:  EDITORIAL

EDITORIAL

La transparencia es obligación legal en la conducción de todo gobierno, como una forma de ofrecer garantías a la sociedad, sobre manejo y buen destino de los recursos públicos.

Todo aquel que se precie de ser gobernante bien intencionado habrá de demostrarlo con políticas de apertura en su ejercicio, sin dejar margen de dudas sobre su gestión.

No es el caso del alcalde Lorenzo De Cima Dworak, limitado en resultados en un año de gobierno, en el cual las familias de Guaymas han padecido las deficiencias de obras y servicios.

La causa, a decir del Presidente Municipal, es la crisis, la falta de recursos, sin embargo el dispendio exhibido en su forma de vida, la de sus colaboradores, contravienen su discurso lleno de pretexto.

Encima la opacidad en el manejo de recursos, eleva la indignación social cuyas voces ya llegaron a regidores de diferentes comisiones que, con 13 meses en el poder municipal, ya están pidiendo cuentas sobre el uso de dinero público.

La situación se agrava cuando se trata del presupuesto federal, como el que viene del Fortaseg, un programa dirigido a municipios para acciones vinculadas a la prevención del delito.

Del destino, la forma y la utilidad en el ejercicio de 10 millones de pesos poco se sabe, salvo lo que ha hecho público el Alcalde, con entregas de material operativo y útiles, así como servicios médicos que hasta el momento no se han prestado.

Pero del costo de esos apoyos a elementos policíacos, de la cara adquisición de uniformes, la demora en su entrega, los cursos largos como poco útiles para los gendarmes, nada se dice, al contrario, se desestima la solicitud de miembros de la comisión de Hacienda.

Y Lorenzo De Cima guarda silencio, retrasa la rendición de cuentas porque, sabe, hay mal manejo en ese dinero que debía reflejarse en una baja en el índice delictivo.

Por la crisis de inseguridad en el municipio, huelga decir que el recurso del Fortaseg no impactó en las calles ni en la percepción de los ciudadanos, entonces queda la duda sobre a quién beneficia la canalización de millones de pesos.

Si el programa federal no ha sido diferencia en estadística, si Guaymas sigue siendo violento, si hay menos presencia policíaca, menos operativos, menos resultados, de qué ha servido, cómo se ejerció, a quién y en qué favorece ese dinero cuyo destino, a la fecha se ignora.

Son preguntas que eventualmente, Lorenzo De Cima deberá responder quiera o no, porque es su obligación legal y porque el pueblo de Guaymas demanda transparencia de su gobierno, no discursos alejados de la realidad del municipio.

 

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